Capítulo 6 | Comienzo de la transición y constitución de la primera Federación de Lucha Canaria
Transición (I)
En el transcurso de nuestra historia luchística han quedado patentes las divergencias que se generaron con la constitución de una única federación de lucha canaria de ámbito regional, cuyas competencias abarcaran todas y cada una de las islas de nuestro archipiélago. Esto quedó de manifiesto con la creación de la primera federación. El 7 de junio de 1943 se hizo pública la fundación de la primera Federación Canaria de Luchas, y la propia Federación Española de Luchas (FEL) designó presidente a Domingo Cruz Álvarez, cuyo nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), número 4, página 3, de julio de 1943.
Hasta ese momento, cada isla se regía por sus propias normas y costumbres. Era común en el tiempo preinstitucional que este precepto se estableciera para cada luchada, en concreto entre los comisionados o representantes de cada bando o partido. Con el tiempo se fueron unificando, sobre todo a medida que se producía un mayor movimiento de luchadores entre las islas, pues era común que algunos se desplazaran para luchar en otra, lo que ocasionaba que tuvieran que ponerse de acuerdo en las formas de agarre o en la ropa de brega.
Esta primera parte de la transición no fue fácil si tenemos en cuenta que la lucha venía de estar controlada por los empresarios o promotores, que hacían prevalecer la cuestión económica. Los equipos eran contrarios a federarse y participar en competiciones oficiales, igual que los propios luchadores, que veían con recelo una burocracia reglamentada, dirigida y tutelada únicamente por la Federación de Lucha. Al margen de estas vicisitudes se presentaba otro gran problema: la constitución de una federación de ámbito regional con sede en Tenerife. La decisión, como hemos comentado, puso en guardia al colectivo luchístico de Gran Canaria, donde se entendía que desde la otra capital del archipiélago se trataba de unificar criterios a base de eliminar normas y costumbres arraigadas en su isla, como fue la sustitución del agarre mano arriba, o mano metida, por mano abajo; el cambio del sistema lucha corrida por el de tres, las dos mejores; o la aparición del árbitro como juez único con plenos poderes en sustitución de los tres jueces de terrero (hombres buenos).
Tal fue el despropósito que en un periodo de unos tres años no se pudo organizar competición alguna ni sentar las bases para la unificación de los reglamentos y establecer los criterios para la organización de las competiciones. Hasta que el 24 de enero de 1946, con el beneplácito de la Federación Canaria de Luchas, comandada aún por Domingo Cruz Álvarez, y como recogió el periódico Falange,en la página 4, «se anuncia la formación de dos federaciones provinciales: la de Las Palmas, presidida por Luis Benítez de Lugo y Ascanio, marqués de la Florida, y la de Santa Cruz de Tenerife, con Domingo Cruz Álvarez al frente de la misma». En ese momento, desaparecida la Federación Canaria de Luchas, ambas federaciones provinciales asumen el relevo y acuerdan revisar el reglamento y asentamiento de criterios para celebrar los campeonatos regionales, provinciales e insulares.
Y se decidió dar forma a una etapa de estabilidad que impulsó la creación y legalización de los clubes, se pusieron en marcha las competiciones provinciales y regionales, se elaboró el primer Reglamento Técnico de la Lucha Canaria y se implantaron los mismos criterios de aplicación en todas las islas. Periodo de estabilidad que únicamente se vio alterado (¡pero de qué manera!) por la grave crisis económica a finales de 1951 y que duró hasta inicios de 1954, lo que motivó la paralización absoluta de este deporte. Tras el severo paréntesis, fue en 1954, coincidiendo con la toma de posesión del nuevo dirigente de la Federación Provincial Tinerfeña, José del Castillo González, cuando comenzó uno de los tiempos más gloriosos de la lucha canaria, con una buena organización piramidal, su fortalecimiento estructural, la consolidación y brillantez de las competiciones y la masiva asistencia de aficionados.
La lucha canaria vivió durante casi dos décadas la regularidad que confirmó su mayoría de edad como deporte reglado, pero comenzó a verse alterada por las discrepancias surgidas a finales de 1970, cuando algunos dirigentes de las federaciones provinciales de Tenerife y Las Palmas opinaban que la lucha canaria no recibía de la FEL las ayudas económicas que le correspondían, sino que se utilizaban para otras modalidades de lucha.
A continuación transcribimos parte de la ponencia de Juan Henríquez González en las I Jornadas de Juegos y Deportes Autóctonos, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1988:
… En aquella ocasión se reunieron en Tenerife Orlando Sánchez López, Miguel Acosta Martín (presidente y directivo, respectivamente, de la Federación de Las Palmas) y Antonio Bello Paz, Francisco León Luis y Plácido Mejías Benítez (presidente y directivos, respectivamente, de la Federación de Tenerife); estos tres últimos, que si bien no estaban por romper su amistad con Fernando Compte Gómez, sí estuvieron dispuestos a entregar una carta delegando en los dos primeros su representación y adhiriéndose a la postura tomada por Las Palmas, que era pedir un presupuesto especial para la lucha canaria y el trato que merecía nuestro deporte vernáculo, que tenía en la nacional más fichas que el resto de España en todas sus luchas. Después de esa reunión, una representación de Las Palmas se entrevistó en Madrid con Compte y Benito Castejón. Castejón manifestó que la ayuda a la lucha se le entrega al presidente de la FEL, unos 30 millones de pesetas, y que él debía incluir dentro de sus presupuestos las subvenciones a los luchadores canarios. Compte insistió en que con el dinero que recibía no podía dar ayudas a la lucha canaria.
Vencía el mandato de Fernando Compte y se convocó asamblea para nuevas elecciones. En esa reunión de asambleístas, sin previo aviso, se expedienta a Orlando Sánchez López (en esa fecha presidente de la Federación Provincial de Las Palmas) por esa posición de querer un arreglo de las ayudas, que al fin y al cabo no era más que dejar de ser recaudadores de la FEL, y con un pliego de cargos lleno de falsedades se lo cargan en Madrid. Se sanciona a un presidente que, unos días antes, en asamblea general celebrada en el Colegio Luis Antúnez, de Las Palmas, todos los clubes habían acordado por unanimidad respaldar a Orlando Sánchez y sus actuaciones. Estos hechos nunca debieron soportarse, pero todavía quedaban resquicios de dictadura y costumbres de despotismo.
Aparece Alcas (Amigos de la Lucha Canaria) en Las Palmas, que nace proponiendo un comité preautonómico con la finalidad de separar la lucha canaria de la nefasta Federación Española de Luchas. En el año 1979, reunidos en la calle Colmenares, se nombró una comisión para defender en Madrid el concepto autonómico. La comisión la integraban Eligio Hernández, Manuel Trujillo, Barranquera I; Juan González, Ildefonso Rodríguez, Miguel Acosta, José Betancor, Alberto Sánchez, Salvador Sánchez, Borito, y otros. Esta comisión fue a Madrid, se entrevistaron con Benito Castejón y no consiguieron nada: ni dinero ni autonomía. Al frente del grupo iba Miguel Sánchez Velázquez, consejero de Cultura y Deportes de la Junta de Canarias.
Posteriormente nace Adelca (Asociación Deportivo Cultural), cuyos estatutos aprueba el entonces gobernador civil de Las Palmas, Manuel Fernández Escandón, y se le permite a Adelca entrar de lleno en el proceso autonómico con todas sus consecuencias. En el año 1980, Adelca celebró competiciones, con seguro particular, y con equipos que supieron sacrificarse por exponer su protesta. A estos equipos de Gran Canaria se unieron todos los de Lanzarote y de Fuerteventura, federaciones que presidían los también paladines de la autonomía Juan Pérez Tejera y Manolín Nieves Santana. La lucha canaria demostró, una vez más, su fortaleza para luchar frente a la injusticia, frente al acogotante trato de la FEL y se defendió la integridad canaria y el merecido reconocimiento; se repetía el destino de nuestra historia, donde siempre hemos tenido que defendernos con sacrificio y pundonor.
Con la Ley 13/1980 General de la Cultura Física y del Deporte, el Consejo Superior de Deportes decretaba la implantación de las federaciones territoriales, por lo que, con fecha 10 de junio de 1981, Fernando Compte Gómez, en calidad de presidente de la Federación Española de Luchas y en uso de las atribuciones conferidas por la Asamblea General, nombró a Antonio Bello Paz presidente de la recién constituida Federación Territorial Canaria de Lucha, creándose a su vez delegaciones dependientes en cada una del resto de las islas. Este nombramiento tuvo carácter provisional, porque al cabo de unos meses se procedió a la convocatoria de elecciones a esa institución.
Un año antes, el 29 de julio de 1980, se había publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la presentación de una proposición no de ley por parte del grupo parlamentario socialista en el Congreso, para poner en marcha la Federación Nacional de Lucha Canaria. Esa federación tendría plena autonomía normativa, presupuestaria y de actuación, y su ámbito se centraría en la región canaria. La propuesta fue impulsada por Eligio Hernández Gutiérrez, quien se erigiría gran precursor de la nueva federación canaria.
Con fecha 4 de agosto de 1981, la Federación Territorial Canaria de Lucha, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la FEL, programó elecciones a la presidencia para el día 28 de agosto, y al mismo tiempo se aprobó el calendario electoral que regularía el proceso. A las elecciones solo concurriría un candidato, por lo que el 20 de agosto la Junta Electoral Territorial proclamó a Manuel Fernández González presidente electo de la Federación Territorial Canaria de Lucha, ratificado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y por la propia Federación Española de Luchas con fecha 15 de septiembre del citado año.
Pasadas estas elecciones, un grupo de clubes disidentes de Gran Canaria que se negaron a participar por su disconformidad con el procedimiento, formaron la Comisión Gestora de Lucha Canaria de Las Palmas, presidida por Juan Henríquez González y que no aceptaba a la Federación Territorial Canaria ni a la Federación Española de Luchas ni al CSD. Estos clubes, que seguían participando en las competiciones organizadas en su isla bajo la tutela de esa gestora, no fueron admitidos por la FEL, ya que, a criterio de esta, actuaban de manera ilegal, carecían del correspondiente permiso federativo y disfrutaban de unos derechos que no les correspondían. Igual que los árbitros que dirigían encuentros y los luchadores que participaban sin licencia federativa en vigor ni mutualidad general deportiva. En su escrito, la FEL decía además que la autodenominada comisión gestora se había apropiado ilegalmente de su patrimonio, ocupando el local federativo y los bienes, archivos, trofeos y todas las pertenencias que se encuentran dentro.
Transición (y II)
Como se detalla más adelante en este capítulo, uno de los hechos indiscutiblemente más sonados y rimbombantes de la historia de la lucha canaria (si no el que más), del que pocos conocen cómo se desarrolló realmente, fue el famoso y gallardo enfrentamiento entre los próceres herreños Eligio Hernández y Manuel Fernández (tanto monta), por sus encontrados puntos de vista y pareceres en el proceso de desvinculación de la FEL para la constitución de una Federación de Lucha Canaria con plena autonomía. Al respecto, nos parece oportuno y esclarecedor recuperar para el lector parte de un trabajo recogido del periódico grancanario Canarias 7 del 9 de junio de 2012. El autor del texto titulado «Una amistad perdurable»elogió la gran personalidad y formidable relación entre aquellos paisanos, al margen de su rivalidad, a la par que opinaba de la actualidad del conflicto:
El campo de batalla fue la Federación Nacional de Lucha Canaria. Había muerto Franco, pero no habían desaparecido determinados vínculos absurdos con Madrid. Dicha federación estaba situada en la capital como símbolo del centralismo agudo que estructuraba el país. El presidente se llamaba Fernando Compte y su virrey en el archipiélago, Antonio Bello [dirigente en situación de interinidad]. Apareció de repente una asociación, Adelca, que reivindicó algo muy lógico: no podía llamarse Federación Nacional de Lucha Canaria aquella sinsustancia que existía en Madrid, pues ese tipo de lucha solo se disputaba en el archipiélago. Lo sensato era que ese nombre y esas competencias las dirigiera un canario y en Canarias. Pero Compte necesitaba a los luchadores canarios, pues con ellos formaba una excelente selección de lucha grecorromana con la que ganaba, sorprendentemente, medallas en no pocos juegos olímpicos. Eligio Hernández formaba parte de Adelca, la asociación que presidía Miguel Acosta con brío, carácter y un gran desgaste personal.
Y Manuel Fernández era el elegido por Bello para que le sucediera en la Federación Territorial. El enfrentamiento fue inevitable. A Manolo Fernández se le hizo una campaña brutal tratándolo de traidor, servidor de los godos, vendepatrias y otras lindezas por el estilo. Eligio era el que daba respaldo legal a aquel movimiento que llegó a su éxtasis cuando el magistrado fue elegido por el PSOE para ser delegado del Gobierno, en unos tiempos donde ser delegado central era algo que vestía. Fernández tampoco era un contrincante manso. Utilizaba con denuedo y sin desmayo todo el aparataje del Estado en pro de salirse con la suya. Se crecía a medida que las críticas intentaban derribarlo. Siempre ha sido un hombre de corazón y valiente. Bastaba que lo lancearan para que sacaran de él su parte más feroz. Aquella batalla saltó a las portadas de los periódicos y a los tribunales a través de varias denuncias. Y de las portadas en los medios, a los terreros de lucha. Salpicó a equipos y bregadores, todo se dividió entre ‘patriotas canarios y guanartemes al servicio de Madrid’. En un tiempo donde el independentismo era una meta para no pocos, la guerra que se libraba en la lucha canaria era como ganarle al Real Madrid en el Insular.
El follón y la polémica estaban servidos. Por un lado se encontraban la Federación Territorial Canaria, que presidía Manuel Fernández González con el apoyo de las delegaciones insulares de La Palma (presidida por Carlos Fernández Felipe) y de El Hierro (con Miguel Ángel Morales Hernández al frente), además del designado por la propia Federación Territorial, Juan Carlos Alayón Araña, presidente de la Gestora de la Delegación de Gran Canaria. En el bando contrario se encontraba otro grupo gestor de Las Palmas, presidido por Juan Henríquez González, con la participación de representantes de las delegaciones insulares de Fuerteventura y Lanzarote, comandadas respectivamente por Manuel Nieves Santana y Juan Pérez Tejera; estos estaban apoyados por sus respectivos clubes y previamente habían rechazado los planteamientos de Manuel Fernández, al no reconocer las competencias de la Federación Territorial Canaria y sí las de la Comisión Gestora de Las Palmas, que tenía carácter provincial. También contaron con Adelca, presidida por Miguel Acosta Martín.
Periódico El Eco de Canarias del 29 de octubre de 1981. Firmado: Francisco J. Chavanel: «Con fechas 26, 27 y 28 de octubre de 1981, la Gestora Provincial de Lucha Canaria de Las Palmas convoca la primera convención de este deporte. En la tercera jornada, Eligio Hernández Gutiérrez, que asume el protagonismo de esta transición, se referiría al Proceso Autonómico de la Lucha Canaria con la posibilidad de deslindarla del conjunto de luchas en las que estaba integrada. Eligio Hernández plantearía la cuestión bajo el estudio de dos perspectivas: una de Estado, colocando por encima de todo el significado de España como ente aglutinador de las diferentes nacionalidades; y otra de unidad, sin ánimo de exclusión de las personas que hasta la fecha han obstaculizado la evolución de la lucha canaria. Eligio Hernández llegaría finalmente a la conclusión de que existen dos vías a utilizar de cara a lograr esa autonomía, según sus propias palabras: “Imprescindible para recobrar su sentido y el legado de nuestros padres; una primera consistente en recabar por medio de la Junta de Canarias las competencias recogidas en la Constitución acerca de materia deportiva, y una segunda para que, con la aprobación del Estatuto de Canarias, sea el propio Parlamento canario quien cree y configure la Federación Nacional de Lucha Canaria”».
También, en un artículo publicado en el periódico Canarias Deportiva el 9 de abril de 1982, firmado por Suárez Jerez, se recoge que
Eligio Hernández considera que «la actual Federación Territorial es ilegal, anticonstitucional y antiestatutaria. La historia se repite porque reproduce la vieja confrontación entre centralistas y autonomistas. Mientras unos entienden que la lucha canaria debe continuar con sus actuales estructuras, es decir, ubicadas en el seno de la Federación Española de Luchas, marginada presupuestaria y estatutariamente, otros entendemos, sobre todo en esta etapa postconstitucional, que debe ser dotada de una estructura autóctona, con presupuesto propio y organización y función propia en el marco de una Federación Española de Lucha Canaria que tendría, naturalmente, el mismo rango que la Federación en la que actualmente está ubicada».
La polémica está centrada entre autonomistas y centralistas. Pero Eligio Hernández ha querido profundizar más en este aspecto y añade: «Los que han defendido la permanencia de la lucha en el seno de la FEL, también ahora, al menos así lo dicen, quieren que tenga una estructura autónoma». Considera que estamos ante una «polémica de procedimiento», porque mientras los hay que entienden que la consecución de la autonomía de la lucha canaria que ahora todos desean es necesaria a partir del cauce de la FEL siguiendo sus directrices, otros consideran que es necesario, para lograr esa autonomía, salir de la misma y seguir las directrices que aquí se marquen. «Y sobre todo —matiza el señor Hernández Gutiérrez— siguiendo las directrices que en estos momentos el ordenamiento jurídico vigente exige que se cumpla».
El tema de la autonomía, no obstante, puede ser tratado desde diferentes puntos de vista, según Eligio Hernández. Al llevarse la polémica al terreno jurídico, nadie mejor que el jurista para hacerse cargo del tema. Y dice: «Aquellos que defienden la permanencia de la lucha en el seno de la FEL lo hacen parapetándose en una legalidad que yo más bien llamaría oficialidad, y es el obstáculo que ponen justamente para el incumplimiento de la legalidad verdadera, que es la que emana del Parlamento y que traduce la voluntad del pueblo español».
Pero nunca quiso Eligio Hernández, según sus propias manifestaciones, llevar la polémica al terreno jurídico, «pero al estarse en un Estado de derecho, también el Derecho tiene que ser examinado para que sirva de base y fundamento a aquellos que tienen que decidir sobre el camino a seguir en esta cuestión». Y junto al enfoque jurídico también está el enfoque político y económico. «Económico —dice—, porque el día que se constituya la Federación Española de Lucha Canaria los presupuestos de la FEL se verán sensiblemente recortados; y político, porque existe una tremenda confusión entre la clase política de Canarias sobre este asunto. La confusión viene derivada no de otra causa que de la falta de profundización y de conocimiento del mismo. Así tenemos, por ejemplo, militantes de izquierda que ignoran que el Partido Socialista ha presentado una propuesta aprobada por la Comisión de Cultura y que defienden posiciones que yo llamaría centralistas. Y tenemos incluso militantes de un mismo partido en el que unos defienden una posición y otros defienden otras. Incluso hay políticos nacionalistas y militantes de partido que defienden posturas centralistas». Estamos, pues, ante lo que Eligio Hernández califica de «surrealismo político», no debido a la inmadurez política, sino a la falta de información. De ahí que sugiera «una labor de clarificación desde una posición de rigor y altura para que los que tengan el poder de decisión política puedan adoptarlas de forma consecuente».
Las palabras de Jerónimo Saavedra, que hace unos días hacía la presentación de Eligio Hernández en el Club Prensa Canaria, sirvieron para que el ilustre herreño sentara algunas premisas antes de dar un repaso a las leyes que acogen la gestión encaminada a la búsqueda de la Federación Nacional de Lucha Canaria: «Ha extrañado a unos y sorprendido a otros, y enervado a bastantes también, el hecho de que un miembro de la carrera judicial opine jurídicamente en público. Quienes así opinan merecen todos mis respetos, pero olvidan que la Constitución Española ha trastocado de forma progresiva y positiva el papel del juez y del jurista ante la sociedad. De la misma forma que un juez no puede aplicar una norma, un reglamento o un acto de la administración si entiende que es anticonstitucional, todo jurista, todo ciudadano debe denunciar cualquier contraversión a la norma constitucional. Y haciéndolo así cumple con el deber inexorable que le impone el artículo nueve, primero, de la Constitución. Lo que no puedo hacer en público es tratar temas partidistas o de índole de política activa». Otra cuestión que quiso dejar bien clara fue la de las connotaciones personales. «Y últimamente —señala— se ha venido a traer ese dichoso cáncer que los herreños no entendemos de la división provincial. Pero es necesario desnudar el problema de esas connotaciones personales. Tenemos que hacer un tremendo esfuerzo de conciliación de posturas, de objetividad y de despersonalización. Un esfuerzo, en definitiva, de serenidad».
Eligio Hernández también manifestó que, «cuando hablo de la autonomía de la lucha canaria, igual que cuando se habla de la autonomía de los entes locales o de las comunidades autónomas, lo hago desde una perspectiva de Estado. No hay más autonomía que la que se enmarca en el texto constitucional. Esto lo quiero dejar bien sentado porque cuando se defiende la creación de la Federación Española de Lucha Canaria, se hace porque estamos entendiendo que estamos defendiendo los intereses deportivos del Estado español. Porque mientras más se fomente este vivero de la lucha canaria, más podrá disponer el Estado español de luchadores».
Eligio Hernández no quiso terminar su exposición sin referirse a la Junta de Canarias: «Si hay algún grupo que todavía pone en duda o quiere cuestionar la voluntad del pueblo español, que se margine a sí mismo, pero en modo alguno podemos permitir que se obstaculice la marcha del proceso autonómico, cuya meta está ahí y que la Junta de Canarias tiene la obligación de llegar a ella cuanto antes. Este es un asunto que debe ser de preocupación de todas las fuerzas políticas canarias y yo hago por eso un llamamiento a la responsabilidad para que en el marco de las instituciones, pleno de la Junta, se exija que este proceso se culmine de una vez y que no se cuestione por el colectivo que todavía intenta torpedearlo».
Dijo por último que «el mayor obstáculo del proceso autonomista está en la propia FEL, que es la que se beneficia», y que «el congreso de la lucha canaria debe ser constituyente, en el que no se puede cuestionar lo que el pueblo español ha conseguido. Hay que partir, pues, de que la Federación Española de Lucha Canaria es un hecho, que es algo que el pueblo español quiere que se constituya. A partir de ahí hay que empezar a trabajar en el Congreso. Todos debemos poner nuestro esfuerzo en la obra, limando asperezas, sin exclusión de nadie y sin que nadie intente monopolizarlo, y mucho menos anteponer intereses partidistas frente a un patrimonio que es común de la sociedad canaria».
El 18 de enero de 1983, firmado con el seudónimo Pollo del Valle, en El Eco de Canarias se hizo alusión al encargo hecho a Eligio Hernández por parte del consejero de Educación y Cultura del Gobierno autónomo de Canarias para que se entrevistara con el ministro de Cultura, Javier Solana, al efecto de proceder a dar los pasos necesarios para la creación de la Federación Nacional de Lucha Canaria. Honor que le fue concedido por su ligazón histórica a la lucha canaria y a la defensa de su autonomía.
«Eligio Hernández manifestó que se trasladaría hoy a Madrid y que además de otros asuntos correspondientes a su cargo llevaba el encargo de Alfredo Herrera Piqué para entrevistarse con el ministro de Cultura, con el propósito de proceder a la creación de la Federación Nacional de Lucha Canaria con su tramitación oportuna, estando en el ánimo de todos que sea un proceso corto para el traslado al Gobierno autónomo de todas las competencias de este deporte. Luego será el Gobierno de Canarias quien, a través de la Consejería de Cultura, donde se encuentran incluidas las competencias deportivas, procederá a la reglamentación correspondiente y puesta en funcionamiento de la autonomía del legado cultural y deportivo que significa la lucha canaria. Comienza ya el camino de la autonomía de la lucha canaria anunciado también en el discurso de investidura del presidente Jerónimo Saavedra, dándose los primeros pasos para la consecución de lo deseado por la mayoría de los hombres ligados a la lucha canaria».
Por su parte, en la revista Lancelot del 21 de abril de 1983 y con la firma de Andrés Fuentes, se anunciaba el varapalo recibido por la Federación Española de Luchas en estos términos:
Tremendo cabreo debe tener Fernando Compte, presidente de la Federación Española de Luchas, con esto de que le separen a la lucha canaria de lo que quizás pensó que era su cortijo privado. Y no cabe duda de que es para cabrearse, después de que tantas y tantas veces le pegara con la puerta en las narices al equipo capitaneado por Eligio Hernández y Miguel Acosta, pero estos no acabaron por cansarse y terminan por arrebatarle una modalidad deportiva que, reconocida por la FILA (Federación Internacional de Luchas), era el mayor sustento presupuestario de su federación, aunque para los canarios solo llegaba a pedrea y de vez en cuando. Aunque dicen que para Tenerife llegaron unos dos kilos [millones].
Como bien decía Eligio Hernández el pasado viernes en su conferencia dada en San Bartolomé, «lo de la Federación de Lucha Canaria ya no hay quien lo pare; son muchos los documentos que obran en nuestro poder como para que ello suceda, porque no se puede —añadía— ir contra la voluntad de un pueblo expresada en el Parlamento español». Mucho daño se le había hecho a nuestro deporte vernáculo, con Territorial para Tenerife, Gestora para Las Palmas, en un afán de dividir algo tan noble y bello como la lucha canaria; no cabe duda de que era algo que no podía continuar y ahora se hace justicia creando lo que, como bien especifica la ley de cultura física y deporte y el propio estatuto de autonomía, era voluntad del pueblo canario y no de ningún listillo desde la capital de la nación. Mucho, muchísimo mérito han tenido en esta dura lucha las posturas de Fuerteventura y Lanzarote, que desde el primer momento prestaron su incondicional apoyo a la idea de Adelca y en este aspecto han sido las islas menores las que han logrado unir deportivamente a las dos capitales de provincia hacia una meta común: la Federación de Lucha Canaria.
Constitución de la FLC
Con la publicación del Decreto 433/1983, de 2 de diciembre, se aprobaban los estatutos y la constitución de la nueva Federación de Lucha Canaria (FLC), independiente de la FEL y que continúa vigente. A la lucha canaria se la dotó de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para aprobar sus propios estatutos y los de los clubes y asociaciones que en ella se integraran, además de contar con el apoyo de las instituciones públicas de la comunidad autónoma canaria, Consejo Superior de Deportes y otras entidades públicas y privadas. Se constituyeron las federaciones insulares, a las que posteriormente se les otorgó personalidad jurídica propia para el ámbito de cada una. Se celebraron elecciones democráticas a la presidencia de la FLC (en primera instancia con los votos de compromisarios elegidos al efecto y posteriormente a través del sufragio universal), a las federaciones insulares y a los distintos estamentos de esta disciplina. Además, la unificación de los diferentes reglamentos que regulan nuestro deporte, las categorías, la clasificación de luchadores con carácter insular y regional y con la consolidación de las competiciones de carácter insular, regional e internacional.
Primeras elecciones a la FLC
Como contamos en el capítulo «Etapas de la lucha canaria», las primeras elecciones a la nueva organización federativa y a las respectivas federaciones insulares fueron el 1 de diciembre de 1984. Cecilio Plácido Mejías Benítez se impuso en las urnas por treinta y cinco votos frente a los treinta y dos de Juan Henríquez González. La Junta Electoral Central (JEC) lo proclamó provisionalmente ganador y el día 8 del citado mes se efectuó la proclamación definitiva de las juntas de gobierno de las insulares, pero no ocurrió lo propio con la regional, lo que imposibilitó la normal designación del presidente. La plancha de Henríquez impugnó el censo una vez celebradas las elecciones y la JEC decidió revisarlo, pero el Gobierno de Canarias estimó el recurso presentado por Mejías y dio posesión a este como ganador de los comicios.
Diario de Avisos del 8 de diciembre de 2014: «Este fue el origen de una serie de decisiones contrapuestas entre la JEC y la DGD (Dirección General de Deportes) del Ejecutivo regional. Juan Henríquez González presentó recurso contencioso administrativo a la Audiencia Territorial de Las Palmas, que dictó sentencia 200/1986 (19 de marzo de 1986) anulando la resolución de la Consejería, la cual acató el fallo, pero Plácido Mejías realizó un recurso de alzada y continuó en el cargo mientras el asunto estuviera sub judice [pendiente de resolución judicial]. El 14 de junio de 1988, el veredicto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia de Las Palmas dándole la razón a Juan Henríquez González. Sin embargo, Plácido Mejías convocó elecciones, a las que se presentó como único candidato, y resultó reelegido en julio de 1988, no llegando a tomar posesión como primer presidente de la Federación de Lucha Canaria Juan Henríquez González».